Más de la mitad de las peticiones realizadas al seguro de viaje se deben a problemas relacionados con la salud, según la Memoria social del Seguro que ha realizado la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) en la que se han analizado los siniestros que han tenido lugar entre octubre de 2012 y el mismo mes de 2013.
El estudio se centra en las indemnizaciones por cancelación de desplazamientos, las pérdidas de equipaje, las repatriaciones y los servicios de asistencia sanitaria. El principal motivo son las peticiones por enfermedad, con el 38,6 por ciento, seguido por los accidentes, con el 17,3 por ciento, que suman el 56 por ciento de los siniestros. En el lado contrario se encuentra el robo o pérdida del equipaje, con el 3,8 por ciento de los casos.
Por otro lado, la principal prestación que realizan las compañías de seguros de viajes es la asistencia médica, que representa el 39,7 por ciento, seguida por las indemnizaciones, con el 35,8 por ciento, y es que el desembolso económico es la fórmula más utilizada por las aseguradoras para compensar la cancelación de los viajes, la pérdida de equipajes y los robos de los enseres personales.
En cuanto a las regiones que más contratan seguros de viajes destacan Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco. La UNESPA lo relaciona con el mayor PIB per cápita de estas zonas, lo que suele venir acompañado por una mayor sensibilidad hacia la importancia de tener contratado un seguro de viajes. Además, destaca otros factores como relevantes a la hora de contratar una póliza de este tipo como la distancia y la sofisticación del viaje.
Por otro lado, en los meses de verano aumentan las coberturas de robo o pérdida del equipaje lo que, según la memoria, puede deberse al aumento de los desplazamientos en avión. Si se tienen en cuenta las coberturas, el seguro de asistencia sanitaria es un producto económico, ya que la mayoría de los siniestros relacionados suelen tener un coste reducido para las entidades aseguradoras, aunque hay que tener en cuenta que los percances fuera de las fronteras españolas pueden suponer un alto coste para las compañías, pudiendo llegar hasta los 65.000 euros.
